viernes, 30 de diciembre de 2016

Los Juzgados de lo Mercantil mueven ficha

El BOE de este penúltimo día del año viene con sorpresa: la publicación del Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que se designan juzgados especializados para conocer de los pleitos en materia de propiedad industrial en las siguientes Comunidades autónomas:

  
Tribunal Superior de Justicia
Juzgado/s designado/s



Cataluña

Juzgados de lo Mercantil números 1, 4 y 5 de Barcelona: patente y diseño industrial

Juzgados de lo Mercantil números 2, 6, 8 y 9: marcas


Madrid

Juzgados de lo Mercantil números 7, 8, 9 y 10 de Madrid



Comunidad Valenciana

Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia: patentes.

Juzgados de lo Mercantil números 1 y 3: marcas y diseño industrial.


La decisión trae causa del riesgo (relativo y según se mire) de migración de los pleitos a Barcelona que trajo consigo la promulgación de la nueva Ley 24/2015 de patentes.

La medida será aplicable, en línea con la entrada en vigor de la nueva Ley, en abril de 2017.

Queda por ver si el alcance limitado de la especialización supone la concentración en Madrid, Barcelona y Valencia de los pleitos (con el añadido de Alicante) y la exclusión de otras Comunidades Autónomas. Pero eso es otra historia. De momento cabe saludar con alivio y aplauso la decisión del CGPJ.



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miércoles, 23 de noviembre de 2016

La armonización del plazo de protección de los derechos de autor no puede ser usado para revivir derechos en el dominio público

En una reciente sentencia (caso C-169/15) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la Directiva 93/98/CEE sobre armonización del plazo de protección de los derechos de autor dentro la UE no tiene como efecto rescatar o revivir aquellos que con anterioridad a su fecha de entrada en vigor (1 de julio de 1995) se encontrasen, por cualquier motivo, en el dominio público en todos los países de la Unión. A estos efectos resulta indiferente que la pérdida de derechos con anterioridad a la fecha referida se haya producido por la aplicación de una legislación nacional que exige unas formalidades para la subsistencia de los derechos sobre una obra que son contrarias al Convenio de Berna.

El litigio principal que da lugar a la cuestión prejudicial enfrenta a la sociedad neerlandesa Montis Design, titular de los derechos –luego veremos cuáles- sobre una silla de comedor –Chaplin- y un sillón –Charly- con la compañía Goossens, propietaria de varias tiendas de muebles en Países Bajos, por la venta del modelo de silla “Beat” que supuestamente infringe los derechos de autor sobre la silla y el sillón de Montis.
Silla Beat

Silla Chaplin

Desde el año 1988 Montis contaba con el registro de ambos muebles como diseños internacionales. De acuerdo con la ley holandesa vigente en aquel momento (artículos 21.3 y 24 de la LBDM), un dibujo o modelo que gozara de carácter artístico podía estar protegido simultáneamente como diseño y por Derecho de autor, si bien la extinción del derecho sobre el diseño derivada del transcurso del plazo de protección (5 años) llevaba consigo la extinción simultánea del derecho de autor si el titular del dibujo o modelo no presentaba una declaración especial para mantener sus derechos de autor.

Dado que Montis no presentó nunca ninguna declaración, tanto los derechos sobre el diseño como los derechos de autor habrían quedado extinguidos en el año 1993.

La cuestión que lleva al Hoge Raad a suspender el litigio principal y elevar sus dudas al TJUE es fundamentalmente ésta: si como consecuencia de la derogación de una normativa nacional contraria al Convenio de Berna, el plazo de 70 años previsto en la Directiva 93/98 podría aplicarse a obras que a fecha de 1 de julio de 1995 se encontraban en el dominio público precisamente por haberles sido aplicada la normativa derogada.

Pues bien, según el TJUE, el plazo de 70 años p.m.a. que fija la Directiva 93/98 no puede ser de aplicación a los asientos objeto del litigio porque no se cumple ninguno de los dos requisitos que exige el apartado 2 del artículo 10: o bien que las obras se encuentren protegidas en al menos un Estado miembros a fecha de 1 de julio de 1995, o bien que cumplan los requisitos para acogerse a la protección de la Directiva 92/100.

viernes, 21 de octubre de 2016

Brexit: Perspectivas en materia de protección de datos

La opción tomada por los ciudadanos británicos en el referéndum del pasado 23 de junio de 2016 tiene múltiples consecuencias, muchas de ellas jurídicas. Algunas han sido ya abordadas, pero se ha relegado a un segundo plano lo que el denominado Brexit puede significar para un derecho de los ciudadanos europeos como es la privacidad y la protección de datos.

El marco regulatorio de protección de datos en la Unión Europea confería una total libertad de circulación a los datos dentro de las fronteras de los 28 países miembros. Así, la salida del Reino Unido de la Unión, y por tanto, de ese entorno legislativo, va a provocar que se considere a los radicados en las islas como establecidos en un tercer país, lidiando con controversias como las actualmente existentes con Estados Unidos. En resumidas cuentas, enviar datos de cualquier país de la Unión a Reino Unido constituirá una transferencia internacional de datos, con los efectos legales que ello conlleva.

Es evidente que, dada la importancia que tiene el tratamiento masivo de datos para una empresa de cualquier tipo de industria, Reino Unido no va a mantenerse distante respecto de sus antiguos compañeros, pues no interactuar en este campo con la Unión le dejaría en fuera de juego en un campo de vital importancia para la economía.

Ante esta situación se abre una clara incertidumbre, que habrá de ser resuelta por el gobierno británico en los próximos meses, en torno a la decisión que se adoptará en materia de protección de datos desde el Estado insular.

Antes de nada, hay que comprender la situación legislativa del Reino Unido en esta materia. En la actualidad, la norma aplicable a la protección de datos a nivel nacional es la UK Data Protection Act de 1998, producto de la transposición de la directiva europea de protección de datos de 1995, por lo que implanta los conceptos y principios fundamentales que se utilizan en las normativas europeas de protección de datos en toda Europa. También es relevante la UK Electronic Communications Act, que regula cuestiones de firma electrónica provenientes de la directiva de 1999, transacciones y comunicaciones electrónicas, apoyada en los textos que transpusieron la directiva de comercio electrónico del año 2000. Como puede verse, el marco legislativo actual no dista mucho del que existe en los otros 27 países gracias a la transposición de varias directivas.

lunes, 10 de octubre de 2016

Sentencia del TJUE sobre el Art.21.2 del Reglamento (CE) 469/2009 relativo al Certificado Complementario de Protección para los medicamentos

El 5 de octubre de 2016, el TJUE dictó una nueva sentencia en materia de certificados complementarios de protección para los medicamentos (“CCPs”) en respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Estonia (asunto C-572/15). Es la primera sentencia en materia de CCPs que el TJUE dicta en 2016.

La cuestión prejudicial estaba relacionada con la interpretación del art. 21.2 del Reglamento (CE) 469/2009. Bajo la rúbrica “Disposiciones Transitorias” este artículo dispone que el Reglamento (CE) 469/2009 se aplicará a los CCPs “concedidos de conformidad con la legislación nacional de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia desde el 1 de mayo de 2004 y con la legislación nacional de Rumanía desde el 1 de enero de 2007”.

viernes, 7 de octubre de 2016

Aumento del número de mercancías falsificadas retenidas por las aduanas de la UE en 2015

La Comisión Europea acaba de publicar, el pasado 23 de septiembre, su informe sobre los resultados de las medidas en frontera contra la usurpación de los derechos de propiedad industrial e intelectual practicadas en el año 2015.

De acuerdo con este informe, en el año 2015 se retuvieron en las aduanas de la UE un total de 40.728.675 productos sospechosos de violar esos derechos, representando un aumento del 14% respecto a los 35.568.982 productos retenidos en 2014. El valor de los productos retenidos en la UE 2015 superó los 642 millones de euros.

En el caso de España, el aumento de productos retenidos en 2015 fue mayor: se incrementó un 17% respecto a 2014 (1.893.019 productos retenidos en 2015 respecto a 1.619.264 productos retenidos en 2014). España sigue estando dentro del top 10 de países de la UE con mayor número de mercancías retenidas, en concreto en el puesto nº 9.

La efectividad de las medidas en frontera previstas en el Reglamento (UE) 608/2013 es muy alta: las mercancías retenidas fueron destruidas en el 80% de los casos de retención, se iniciaron procedimientos judiciales en el 9% de los casos y tan solo resultaron ser productos originales en el 2,7% de los casos.

China sigue siendo el principal país de procedencia de los productos retenidos por las aduanas de la UE (40%). Por categorías, las mercancías tienen también su origen en los siguientes países: Benin (alimentos), México (bebidas alcohólicas), Marruecos (otras bebidas), Malasia (productos de cuidado corporal), Turquía (vestidos), Hong-Kong (teléfonos móviles y accesorios, tarjetas de memoria, equipamiento informático, CD/DVD y encendedores), Montenegro (cigarrillos) e India (medicinas).

Los productos de uso diario que podrían ser peligrosos para la salud y seguridad de los consumidores (como alimentos, bebidas, productos de tocador, medicamentos, electrodomésticos, juguetes, etc.) representan el 25,8% del total de retenciones.

Los medios de transporte más utilizados, por el número de retenciones producidas, siguen siendo los envíos por correo postal y los servicios de mensajería (77% de las retenciones), correspondientes a las compras efectuadas a través de Internet.

Las principales mercancías retenidas en 2015 han sido cigarrillos (27%); otros productos, incluyendo baterías, pegamento, muebles y lámparas, manuales y otros documentos, imanes, pesticidas, etc. (10%); juguetes (9%); etiquetas permanentes, etiquetas temporales y pegatinas (8%);  y alimentos (7%).

Llama poderosamente la atención que las referidas etiquetas y pegatinas han pasado a estar dentro del top 5 de productos retenidos en 2015, lo que viene a confirmar la última técnica utilizada por las organizaciones criminales de falsificación consistente en importar productos sin marcar y, por separado, importar las etiquetas y pegatinas con las marcas, procediendo a colocar las marcas sobre los productos ya en territorio de la UE. Esta técnica ya fue puesta de manifiesto por Europol y la EUIPO en su informe 2015 Situation Report on Counterfeiting in the European Union de abril de 2015.





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